Artículo publicado originalmente en Cope Almendralejo
Durante mucho tiempo, los
árboles del nacionalcatolicismo en su modelo dictatorial no dejaron ver el
bosque de los nacionalismos periféricos que estaban germinando (o habrían de
hacerlo) con la batuta de lucha contra el régimen y con el falsa aura de progresistas.
Y así, en un país donde la doctrina dominante abarcaba todo en lo social e
ideológico, reventó el huevo de la serpiente del aranismo, y ETA comenzó a
matar, primero como oposición al franquismo y luego como voladura a la
democracia, pero siempre con intenciones totalitarias.
El nacionalismo catalán fue la cortina tras la que el clan de los Pujol escondía el dinero antes de mandarlo para Andorra y Suiza, y la cercanía del aliento judicial hizo que aceleraran el proceso de desconexión de la justicia española, arrastrando con ellos, en una deriva autodestructiva y siniestra, a un millón y medio de ciudadanos debidamente dogmatizados. Movimientos nacionalistas de carácter populista se expandieron también a la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, y en menor medida, Andalucía y Asturias.
Pero todos tienen en común un mismo elemento vertebrador: la lengua. El idioma como seña identitaria y representativa, que identifica a una comunidad supuestamente homogénea sobre las demás.
En Asturias, desde que la Academia de la Llingüa juntó los distintos bables de las zonas de la región para crear una gramática común prácticamente artificial y darle salida oficial, existió el anhelo por parte de grupúsculos de la extrema izquierda nacionalista (la Andecha Astur independentista, principalmente) de otorgarle al asunto una legitimidad inexistente, para la que además, no había una demanda social. Con la ley y uso de marzo de 1998, la problemática quedó más o menos aparcada, dándole a los bablistas todos los derechos tanto como hablantes como a la hora de dirigirse a la administración.
Pero la irrupción de Podemos en el panorama político y el cambio de dirección en la Federación Socialista Asturiana hizo saltar todas las alarmas, pues los diputados en La Junta podían dar los suficientes números como para aprobar una cooficialidad, impulsada por sectores minoritarios pero combativos. A raíz de esta amenaza, se creó la Plataforma de la que soy portavoz, una movilización que surge de la sociedad civil para defender la libertad lingüística y los derechos ciudadanos en el Principado.
Uno de los puntos clave de este cambio de legislación del asturiano sería que dicho dialecto pasaría a ser obligatorio en el sistema educativo, imponiendo su enseñanza a niños y en toda la red escolar, una barbaridad vituperable donde la obligatoriedad marcaría el imprevisible camino del adoctrinamiento, en esas edades donde más inerme es la persona. Se habla también de la lengua como mérito laboral, con lo que eso influiría en el mercado y en la igualdad de oportunidades, lanzada grave para una región arruinada en casi todos sus aspectos, junto con el gasto público que se dispararía, para hacer frente a la nueva normativa, impuestos mediante.
Por supuesto, estas pretensiones azuzan el debate social hasta el límite de la crispación y el enfrentamiento, pues todo nacionalismo es belicoso e intransigente. Desde el mismo momento del nacimiento, la plataforma ha recibido los insultos y el desprecio de los más radicales, buceando en el pasado político y personal de algunos miembros y excretando calificativos como ‘antiasturianos’ a todos los que pensamos diferente a ellos, lo que marca esa peligrosa y conocida línea de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde uno no basta con vivir y “saberse” de un sitio, además tiene que demostrar las cualidades óptimas que conforman la identidad nacional, víctimas así de un discurso torticero y sentimental que apela a las emociones biográficas por motivos de pertenencia.
En nuestro más férreo deseo de evitar que nuestra tierra caiga en manos de semejante tropa, y en no ver a Asturias consumida por la semilla del odio, la plataforma se mantiene cada vez más activa y con permanente presencia en medios, tratando de dar la réplica en la batalla del discurso y de las ideas, pues hasta entonces, los conocidos como “asturtzales” disparaban sus soflamas y bravatas sin contestación por parte de ningún movimiento ciudadano organizado. De nuestra perseverancia viene su inquina.
Mi consejo para los extremeños es que, ante iniciativas como la de Compromís de hacer oficial, entre otros, el estremeñu, y siguiendo el ejemplo de Asturias, todos aquellos que se opongan a dislates lingüísticos muestren su rechazo abiertamente y, a ser posible, de manera oficial. Aunque ahora parezca algo lejano y disparatado, basta un pequeño movimiento o un cambio de Gobierno para que la maquinaria nacionalista se ponga en marcha, y una tierra poco hostil y sin barreras artificiales entre de lleno en un conflicto hasta entonces inexistente.
El nacionalismo catalán fue la cortina tras la que el clan de los Pujol escondía el dinero antes de mandarlo para Andorra y Suiza, y la cercanía del aliento judicial hizo que aceleraran el proceso de desconexión de la justicia española, arrastrando con ellos, en una deriva autodestructiva y siniestra, a un millón y medio de ciudadanos debidamente dogmatizados. Movimientos nacionalistas de carácter populista se expandieron también a la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, y en menor medida, Andalucía y Asturias.
Pero todos tienen en común un mismo elemento vertebrador: la lengua. El idioma como seña identitaria y representativa, que identifica a una comunidad supuestamente homogénea sobre las demás.
En Asturias, desde que la Academia de la Llingüa juntó los distintos bables de las zonas de la región para crear una gramática común prácticamente artificial y darle salida oficial, existió el anhelo por parte de grupúsculos de la extrema izquierda nacionalista (la Andecha Astur independentista, principalmente) de otorgarle al asunto una legitimidad inexistente, para la que además, no había una demanda social. Con la ley y uso de marzo de 1998, la problemática quedó más o menos aparcada, dándole a los bablistas todos los derechos tanto como hablantes como a la hora de dirigirse a la administración.
Pero la irrupción de Podemos en el panorama político y el cambio de dirección en la Federación Socialista Asturiana hizo saltar todas las alarmas, pues los diputados en La Junta podían dar los suficientes números como para aprobar una cooficialidad, impulsada por sectores minoritarios pero combativos. A raíz de esta amenaza, se creó la Plataforma de la que soy portavoz, una movilización que surge de la sociedad civil para defender la libertad lingüística y los derechos ciudadanos en el Principado.
Uno de los puntos clave de este cambio de legislación del asturiano sería que dicho dialecto pasaría a ser obligatorio en el sistema educativo, imponiendo su enseñanza a niños y en toda la red escolar, una barbaridad vituperable donde la obligatoriedad marcaría el imprevisible camino del adoctrinamiento, en esas edades donde más inerme es la persona. Se habla también de la lengua como mérito laboral, con lo que eso influiría en el mercado y en la igualdad de oportunidades, lanzada grave para una región arruinada en casi todos sus aspectos, junto con el gasto público que se dispararía, para hacer frente a la nueva normativa, impuestos mediante.
Por supuesto, estas pretensiones azuzan el debate social hasta el límite de la crispación y el enfrentamiento, pues todo nacionalismo es belicoso e intransigente. Desde el mismo momento del nacimiento, la plataforma ha recibido los insultos y el desprecio de los más radicales, buceando en el pasado político y personal de algunos miembros y excretando calificativos como ‘antiasturianos’ a todos los que pensamos diferente a ellos, lo que marca esa peligrosa y conocida línea de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde uno no basta con vivir y “saberse” de un sitio, además tiene que demostrar las cualidades óptimas que conforman la identidad nacional, víctimas así de un discurso torticero y sentimental que apela a las emociones biográficas por motivos de pertenencia.
En nuestro más férreo deseo de evitar que nuestra tierra caiga en manos de semejante tropa, y en no ver a Asturias consumida por la semilla del odio, la plataforma se mantiene cada vez más activa y con permanente presencia en medios, tratando de dar la réplica en la batalla del discurso y de las ideas, pues hasta entonces, los conocidos como “asturtzales” disparaban sus soflamas y bravatas sin contestación por parte de ningún movimiento ciudadano organizado. De nuestra perseverancia viene su inquina.
Mi consejo para los extremeños es que, ante iniciativas como la de Compromís de hacer oficial, entre otros, el estremeñu, y siguiendo el ejemplo de Asturias, todos aquellos que se opongan a dislates lingüísticos muestren su rechazo abiertamente y, a ser posible, de manera oficial. Aunque ahora parezca algo lejano y disparatado, basta un pequeño movimiento o un cambio de Gobierno para que la maquinaria nacionalista se ponga en marcha, y una tierra poco hostil y sin barreras artificiales entre de lleno en un conflicto hasta entonces inexistente.
